La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictará el fallo sobre la medida de coerción en el caso Onco catorce
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dará a conocer esta noche su decisión final sobre las medidas de coerción hoy.
El Ministerio Público acusa formalmente a los tres principales imputados de integrar una red que desvió millones de pesos destinados a pacientes oncológicos.
La magistrada Stefani Santiago se reservó el fallo el pasado viernes tras concluir los debates entre el órgano acusador y la defensa técnica.
El órgano acusador solicita dieciocho meses de prisión preventiva y la declaración de caso complejo ante la magnitud de las pruebas presentadas
El órgano persecutor pide dieciocho meses de prisión preventiva para los imputados y que el proceso judicial sea declarado complejo en los tribunales.
Los principales encartados son Héctor Antonio Lora Cruceta Luisa Yasiris Guzmán y la ciudadana Dilcia Isabel Vargas Sánchez según indica el expediente acusatorio.
A los encartados se les atribuye asociación de malhechores estafa contra el Estado dominicano soborno lavado de activos y varios delitos de alta tecnología.
Las investigaciones revelan el desvío de fondos pertenecientes a SeNaSa y la alteración fraudulenta de indicaciones médicas para beneficio personal
La acusación penal sostiene que los imputados utilizaron fondos millonarios provenientes del Seguro Nacional de Salud para obtener notables beneficios económicos de forma personal.
El control de la facturación de las ARS habría sido transferido ilegalmente a una empresa privada propiedad de la imputada Dilcia Vargas Sánchez.
El órgano persecutor afirma que la red creó un departamento interno especial para alterar indicaciones médicas y generar facturaciones fraudulentas contra el Estado.
La red criminal borró registros informáticos importantes e intentó sustraer documentos oficiales de la presidencia del Patronato Contra el Cáncer
La Fundación Tócate RD fue utilizada supuestamente para canalizar la importación ilícita de costosos equipos médicos mediante el uso de diversas exoneraciones fiscales.
Los imputados eliminaron de forma intencional valiosos registros digitales provocando el colapso del sistema informático para ocultar las operaciones financieras del entramado criminal.
La decisión que adopte la jueza marcará el rumbo inicial del proceso judicial de mayor repercusión social en toda la ciudad de Santiago.
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